17-05-2010
Eilyn C. Torresetorres@elaragueno.com
Nuevamente vuelve a la palestra en Venezuela el tema de la posible legalización de uniones de parejas del mismo sexo. Luego de una discusión que se ha desarrollado desde hace al menos un par de años, donde los proyectos quedan en veremos posterior a las reacciones positivas y negativas de la colectividad, el tema se retoma, esta vez en la lucha por la igualdad de derechos de la comunidad gay.
A principios de este mes, en el marco del 1º Seminario Internacional “Sexualidades, Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo, declaró que la institución que preside apoyará a los homosexuales en su lucha por la creación de la Ley de Género para que puedan casarse y adoptar niños.
Las palabras de Ramírez se desarrollaron en el contexto de la defensa de los derechos de los homosexuales y la necesidad, que según acotó, tienen los funcionarios de las instituciones públicas y privadas del país de proporcionar a esta comunidad un trato no discriminatorio.
Pese a que en su momento Ramírez destacó que no compete a la Defensoría del Pueblo la promulgación de leyes, instó a la Asamblea Nacional (AN) a que se discutan en su seno las leyes que estén en favor de la igualdad de género, destacando además que para ello es necesario que la sociedad venezolana presente propuestas serias que generen debate al respecto.
Los inicios
Desde principios del milenio se han empezado a proponer, debatir e introducir en Venezuela leyes que buscan la no discriminación de las personas y la igualdad de género. Así en la Constitución de 1999, el artículo 77 se refiere a la protección del matrimonio fundamentado en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.
Más tarde, en marzo de 2008, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Registro Civil, se otorga a los transexuales la oportunidad de cambiar de nombre y documentos de identidad.
En ese mismo año se presentó el informe para la primera discusión de la Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, no obstante la verdadera polémica se suscitó en marzo de 2009, cuando la diputada Romelia Matute, de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la AN propuso, para la segunda discusión de la normativa, la incorporación de un artículo signado con el número 08, con el siguiente enunciado:
“Toda persona tiene el derecho a ejercer la orientación e identidad sexual de su preferencia, de forma libre y sin discriminación alguna, en consecuencia, el Estado reconocerá las asociaciones de convivencia constituidas entre dos personas del mismo sexo por el mutuo acuerdo y el libre consentimiento con plenos efectos jurídicos y patrimoniales.
Quien en ejercicio de la libertad a que se refiere el presente artículo cambiare de género por causas quirúrgicas o de otra índole tiene derecho al reconocimiento de su identidad y la expedición o modificación de los documentos asociados a la identificación. Así mismo, el Estado garantizará los medios médicos asistenciales que sean necesarios para su cabal inserción y reconocimiento social en condiciones de igualdad”.
Finalmente, luego de un debate que no ha rendido los frutos esperados por la comunidad gay, la diputada Marelys Pérez, presidenta de la misma Comisión, propuso reducir el artículo 08 a la siguiente propuesta:
“El Estado garantizará el derecho a toda persona a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida y la capacidad de ejercer la orientación sexual e identidad sin discriminación y en condiciones de igualdad”.
Recientemente, con las declaraciones de la defensora del Pueblo se activó nuevamente la discusión sin los resultados esperados, pues en días posteriores la diputada Diluvina Cabello descartó esta posibilidad nuevamente al acotar que esta discusión será posible una vez que la población venezolana haya adquirido la madurez suficiente para un debate de tal magnitud.
Cabello relató a medios nacionales en días pasados que la actual discusión que se mantiene sobre la Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género se centra en la garantía de los los derechos humanos de las personas transexuales o transgénero por los problemas que presentan para su inserción laboral, educativa y los sistemas de salud.
¿Preparados?
Desde el punto de vista político, son diversas las posiciones que asumen algunos de los representantes regionales de los diferentes partidos frente a este espinoso tema. Rosa León, candidata a diputada de la Asamblea Nacional por el Circuito 2 en Aragua del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), coincide con la posición de la legisladora Cabello, al afirmar que culturalmente el pueblo venezolano no está preparado para debatir el tema.
León sostiene que los integrantes de la comunidad homosexual merecen ser tratados con respeto desde cualquier ámbito y afirma que han llevado adelante una importante lucha en la defensa de los derechos que tienen de expresar su sexualidad libremente.
“Nos solidarizamos con la lucha homosexual y la conocemos, muchos de ellos se han sumado al proyecto revolucionario y trabajan arduamente por el planteamiento de país socialista que estamos defendiendo, el vínculo de la convivencia gay es algo que existe en nuestro país desde hace mucho, en cualquier comunidad alguien puede dar fe de la existencia de parejas homosexuales”, dijo.
Sin embargo, señala que en este momento ya existe la convivencia homosexual en el país y sería necesario reformar una serie de leyes para hacerlo de manera legal, acción que a su juicio no es pertinente en este momento.
“Lo que quizás buscan es legalizar esa convivencia, creo que en ese sentido la ley que permite la igualdad de géneros ha definido varias cosas. Si ese movimiento se impone en el país sería necesario reformar esas leyes, pero en este momento creo que hace falta preparación para llegar a ese punto”, recalcó.
León considera fundamental la protección del matrimonio heterosexual, pues a su criterio este garantiza la conservación de la raza humana y la permanencia de la sociedad.
“Necesitamos generar las bases apropiadas para debatir seriamente este tema y hablar de legalizar el matrimonio homosexual, en este momento Venezuela y Latinoamérica en general tienen una situación complicada con el tema de la inseguridad, la pobreza y muchos otros factores que atañen directamente a lo social y que deben ser priorizados”, indicó.
Participación equitativa
Por su parte, Cristóbal Sequera, coordinador del sector educativo del Psuv, concuerda con la posición establecida por la defensora del Pueblo en cuanto a la protección de los derechos de la comunidad homosexual.
“Somos una sociedad abierta a la inclusión, estamos construyéndola con el proceso revolucionario, no podemos discriminar a nadie, la Constitución es muy clara en esos aspectos y cada quien es libre en ese sentido, siempre y cuando nos adaptemos a los valores socialistas”, resaltó.
A juicio de Sequera, la misma dinámica que dicte la participación ciudadana y la sociedad determinará la necesidad de elaborar o reformar leyes que conduzcan al beneficio y la garantía de los derechos de determinados sectores, entre ellos las solicitudes que durante años ha hecho la comunidad gay.
“Es una conducta que debemos tratar con respeto, nosotros como educadores debemos velar porque cada quien esté en la posición que le corresponda, pero no podemos rechazar a quien elige pensar y sentir diferente”, dijo.
Indicó que si el proyecto socialista defiende la inclusión y la participación no puede entonces negarse de manera tajante a la posibilidad de permitir los matrimonios de hombre con hombre o mujer con mujer.
“Serán los nuevos legisladores o legisladoras quienes tengan la responsabilidad de legislar previa consulta con el pueblo venezolano, sobre esa posición”, indicó.
Todos somos iguales
Para el vocal principal del comité regional del Partido Socialcristiano Copei, Jean López, las leyes actuales establecen plena libertad de derecho para todos los individuos, independientemente de su orientación sexual.
“Como abogado puedo decir que las leyes establecen plena igualdad de derecho a todos los individuos, sin hacer ningún tipo de discriminación hacia determinado sector, todos los ciudadanos tenemos igualdad de derechos en la sociedad, no entiendo entonces a la defensora del Pueblo cuando busca impulsar leyes que defiendan los derechos homosexuales, no se trata de ser homosexual o no, sino de ser ciudadano y para los ciudadanos ya existen leyes que protegen sus derechos y condenan la discriminación en cualquier ámbito”, puntualizó.
López manifestó su desacuerdo con que en las mencionadas leyes se incluya un articulado que propicie la legalización de los matrimonios homosexuales, pues a su criterio este tipo de acciones contribuyen a la pérdida de valores dentro de la sociedad venezolana.
“No estoy de acuerdo, porque creo que las bases y valores familiares deben prevalecer en la sociedad venezolana y pienso que esto sería ir un poco más hacia la decadencia”, dijo.
¿Sacrílego?
Ante la vuelta al tapete del tema homosexual, la Iglesia Católica venezolana fue una de las primeras en manifestar su desacuerdo con la posibilidad de que se apruebe en el país el matrimonio entre personas del mismo sexo, por considerar que este tipo de uniones está fuera del orden establecido en la legislación venezolana y va contra la ley de Dios.
El Cardenal Jorge Urosa Sabino relató a los medios nacionales que los matrimonios gays son una “corriente negativa que se ha dado en los últimos años en muchas partes del mundo, mal se le pudiera llamar matrimonio a una unión entre un hombre y otro hombre o entre una mujer y otra mujer, porque este tiene que ver con la familia, la procreación de los hijos y la misma realidad sexual y física de los seres humanos”.
En cuanto a que las parejas homosexuales pudieran adoptar niños, el Cardenal Urosa Sabino dijo que eso va en contra de las mismas normas naturales. En su opinión, esto podría causarle grandes sufrimientos a los niños en la escuela, porque sus compañeros pudieran burlarse de ellos al saber que sus papás son del mismo sexo.
Interesante
El 17 de mayo se celebra el Día Mundial contra la Homofobia.
El 25 de junio de celebra el Día Mundial de la Diversidad Sexual.
El 28 de junio en la mayor parte del mundo se celebran los desfiles del Orgullo Gay.
10 años de prisión es la pena para quienes tienen relaciones homosexuales en países como Jamaica, Zambia, Tanzania, Kenia, Etiopía, Libia, Ghana, La Guayana Francesa, Myanmar, Malasia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.
Penas menores a 10 años para quienes tengan relaciones homosexuales en países como Pakistán, Afganistán, Egipto, Argelia, Marruecos y Camerún.
Pena de Muerte en Irán, Arabia Saudí, Sudán, Mauritania y Nigeria.
115 países en el mundo ya legalizaron la homosexualidad.
Los últimos países europeos que despenalizaron la homosexualidad fueron Portugal (1983), Estonia y Letonia (1992), Lituania e Irlanda (1993), Rumanía (1996) y Chipre (1998).
Nueve países consienten el matrimonio entre homosexuales: Suráfrica, Bélgica, Holanda, Noruega, España, Suecia, México, Argentina y Canadá.
10 países permiten la adopción conjunta: España, Suráfrica, Israel, Andorra, Bélgica, Islandia, Holanda, Noruega, España, Suecia y Reino Unido, así como la mayor parte de las provincias canadienses y la ciudad brasileña de Sao Paulo.
En 48 países está penada la discriminación laboral por motivos de orientación sexual como por ejemplo Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, Nicaragua, la ciudad argentina de Rosario y algunas partes de Brasil.
http://elaragueno.gesindoni.com.ve/region/articulo/2562/matrimonio-homosexual-sigue-siendo-una-utopia-en-venezuela
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